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Artículos de Antonio Ojea publicados entre 15/09/2008 y 01/01/2012

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LA GUINDA

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CULEBRÓN TRABAZOS

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Les contaba hace unos días cómo la concurrencia de circunstancias había dado lugar a la noticia de que el concejal Javier Pedrido se había pegado (por accidente, off course) un tiro en el culo con una pistola que no debería portar. La circunstancia concurrente fue que, en aquel mes de febrero de 1985, ingresaban juntos (mezclados pero no revueltos, como el dry martini de Bond) en el Hospital Municipal Pedrido y el ex trabajador del servicio de limpieza municipal Paulino Trabazos Deaño; el concejal para la cura del “balinazo”, y el trabajador por culpa de la huelga de hambre que había llevado a cabo contra su despido por participar en diciembre anterior en una huelga general.

Trabazos pretendía llevar su caso, con el asesoramiento legal de CC.OO., sindicato al que pertenecía, como un episodio de represión sindical. Lo visité en la caravana que había instalado frente al Ayuntamiento para seguir su régimen y expresar su reivindicación y me puse a repasar su contrato de trabajo. Allí encontré que formaba parte de un colectivo de “laborales temporales” que, para resultar legal, no podría superar el 5 % de la plantilla municipal.

Luego me hice (el secreto profesional me obliga a silenciar cómo) con la nómina completa de los “laborales” contratados por el Ayuntamiento, de acuerdo con el decreto que se lo permitía, y comprobé que el contratador se había pasado varios pueblos. Sin más precisiones al respecto que la memoria, creo que habían sido contratados unos 140 “laborales”, pese a que no podrían haber pasado de los 74. Si Paulino hubiese sido contratado después de los primeros 74, acogiéndose al mencionado decreto como se especificaba en su contrato temporal, éste habría sido celebrado en fraude de ley, por lo que el despido de Trabazos (por finalización de contrato) resultaría nulo y el trabajador debería ser considerado fijo en la plantilla de “laborales”. Eso decía la ley y eso alegó Paulino ante el Magistrado Decano de lo Social de Vigo, Miguel Ángel Cadenas Sobreira.

La defensa del Ayuntamiento la llevó el letrado y funcionario municipal Abelardo Pardo, que insistió en la legalidad de la “no renovación” del contrato temporal, mientras la representación del trabajador dejó bien claro que el contrato de Trabazos se celebró “en fraude de ley”. El caso quedó visto para sentencia y yo me preparé para adelantar el resultado, si fuese posible. Tampoco diré cómo, pero pude saber que la sentencia, favorable a Paulino, había sido ya redactada y esperaba que un funcionario del Juzgado de lo Social la pasase a máquina para ser firmada por el magistrado y darse a publicidad.

Pero resulta que, sin que nadie se explicase bien el motivo, el magistrado decidió, para mejor proveer, solicitar del responsable de personal y Secretario General del Ayuntamiento, Francisco Crusat, un certificado sobre el número de trabajadores temporales contratados al amparo de decreto en cuestión había en el Ayuntamiento en la fecha de ingreso de Paulino Trabazos. Lo insólito del caso es que esa cuestión no había sido rebatida en el juicio y, naturalmente, los detalles del caso ya habían sido publicados en el periódico para el que entonces trabajaba yo.

Sin que le temblase el pulso, Crusat certificó que en la nómina municipal había 70 “laborales” contratados en virtud del citado decreto, por lo que no se había rebasado el límite de contratación temporal admitido. El magistrado corrigió su primera resolución y absolvió al Ayuntamiento de Vigo a tenor de la certificación del Secretario General.

Que la certificación era falsa me constaba, no en vano me había procurado ya la relación completa de los “laborales temporales”, con la especificación de la fecha de contratación y la de finalización del contrato. Y, naturalmente en defensa de la realidad y de la información que había elaborado, el periódico publicó una noticia titulada, poco más o menos: “El secretario general del Ayuntamiento falseó un documento público”, lo que provocó la presentación de una denuncia de Trabazos contra el Alcalde, Manuel Soto, y el Secretario general, por prevaricación y falsedad en documento público, como recogía la corresponsal del diario ABC, Sara Caldero, el 14 de noviembre de 1985 (http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1985/11/14/021.html).

De cómo se resolvió este segundo episodio judicial en el juzgado número 2 de Vigo les daré cuenta en quince días, aunque les adelanto que se pareció, como un huevo a otro, al asunto del que provenía, sustanciado en el Juzgado de lo Social.

El caso es que unos se fueron de rositas, incluso mejorando, y el otro se quedó en la calle, mientras Manuel Soto aseguraba que Trabazos no reingresaría en la nómina municipal mientras él fuese alcalde. Soto hubo de abandonar la alcaldía por la puerta falsa, dando entrada al segundo de la lista, Carlos Alberto González Príncipe, a quien nunca hizo puñetera gracia que su predecesor lo calificase como su “ahijado político”, antes de acusarle de haberle hecho la cama para quedarse con su puesto. Continuará.

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