Han transcurrido ya veinte años desde que una mañana del 12 de junio de 1990 los habitantes de la comarca del Salnés se despertaban con el ruido de los helicópteros y la frenética actividad policial dirigida por un todavía desconocido juez  para la opinión pública que enarbolaba la bandera de la lucha judicial contra los clanes de narcotraficantes de la ría de Arousa. Por esas fechas se jugaba el Mundial de fútbol de Italia y  Baltasar Garzón había aprovechado esa circunstancia para dirigir la, sin duda, redada más mediática de la historia policial española. Se había desplazado a Galicia para seguir a pie de campo las vicisitudes y el desarrollo del dispositivo y se había puesto al frente, junto al entonces fiscal jefe antidroga, Javier Zaragoza, de los más de trescientos efectivos que participaron en la operación.

Pasó a la historia con el “enxebre” y más popular nombre de operación NÉCORA aunque la principal malla policial de la misma le hubiera puesta operación MAGO en homenaje al juez que la dirigía. Nada fue igual desde entonces. Creció la presión policial y judicial contra los narcotraficantes y la contestación social contra el mundo de las drogas se hizo más visible. Desde Vigo, las llamadas “Madres contra la droga” encabezadas por Carmen Avendaño habían iniciado meses antes una frenética actividad para denunciar públicamente los nombres y los negocios de los que se beneficiaban del tráfico de estupefacientes, hartas de sufrir en sus propias carnes y en las de sus familiares el dolor y la esclavitud de las drogas. Por eso, ese día del mes de junio, acudieron a Vilagarcía para concentrarse ante la Comisaría y dar su apoyo al juez y a los policías que participaban en la operación. A partir de ahí su imagen se hizo familiar para la opinión pública española y ya ha quedado para la épica de la historia social su crispación ante la verja de entrada del Pazo de Baión, considerado el símbolo del poder de los narcotraficantes.

 

Pero ahora viene la gran paradoja, veinte años después, dos de los principales encausados en la NÉCORA, Laureano Oubiña, detenido en un primer momento, y Manuel Charlín Gama, patriarca del clan de los Charlines, arrestado en una fase posterior, están a punto de saldar sus cuentas con la justicia y salir en libertad, beneficiados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que les permite reducir de sus condenas el tiempo de prisión provisional pasado en la cárcel mientras cumplían otras sentencias. Y, en el otro rincón del ring, el juez Garzón está pasando un verdadero calvario con su expulsión de la Audiencia Nacional, por decisión del Consejo General del Poder Judicial, por atreverse a investigar los crímenes del franquismo. Un calvario atenuado en parte por el permiso otorgado para trabajar en el Tribunal Penal Internacional pero que apenas sirve de lenitivo para un magistrado empeñado todos estos años en investigar a ETA, Pinochet, o los GAL.

 

Han pasado veinte años, también tenemos otro Mundial de fútbol en la tele y algunos flecos de la operación NÉCORA todavía se dirimen en los juzgados. No hace tanto tiempo que el Pazo de Baión , propiedad de Laureano Oubiña, fue vendido en pública subasta y algunas de las propiedades de otros narcotraficantes detenidos en aquella redada están embargadas y pendientes de decisión judicial final. Y el juez Garzón que por aquel entonces todavía pasaba parte de sus vacaciones en la provincia de Pontevedra sigue también en el candelero, odiado por aquellos que rechazan la figura del “juez estrella” y apoyado por quienes consideran una vergüenza que se persiga judicialmente a alguien que ha tenido el valor de investigar los crímenes de la dictadura franquista para tratar de llevar justicia a los fallecidos o desaparecidos a los que todavía buscan sus familias para poder enterrarlos con dignidad.