Se acababa el mes de marzo de 1982; todavía no se había agotado la última legislatura de la UCD, y los sindicatos llevaban varios años tratando de asentarse entre los trabajadores. En los albores del sindicalismo democrático las luchas tenían, en realidad, dos frentes: la patronal y los otros sindicatos.

Y, por aquellas fechas, UGT, CC.OO. y la ING (Intersindical Nacional Galega) pretendían aclarar sus respectivas posiciones en la principal empresa de Vigo, Citroën, en a veces violenta competencia con el considerado sindicato amarillo (afecto a la dirección de la empresa) SITC (Sindicato Independiente de Trabajadores de Citroën), cuyo principal representante era Juan Cantos. Las acusaciones entre unos y otros se sucedían en el plano verbal, en el cruce de comunicados a la prensa y en las declaraciones públicas de los dirigentes sindicales.

En medio de aquel azaroso escenario el coche del secretario de la sección sindical de CC.OO. de la empresa, Raimundo Vidal Moreira, saltó por los aires víctima de una carga explosiva colocada bajo su chasis. Pocas horas después del incidente, en las redacciones de los periódicos se recibió un comunicado, firmado por la sección sindical de CC.OO., en el que se acusaba expresamente a la dirección de la empresa de la colocación del artefacto explosivo.

Esto sólo habría dado para una crónica de sucesos, de no haber sido por el recorrido que alguien pretendió para aquel difamante papel. Que el contenido de la nota, afinidades ideológicas al margen, era claramente calumnioso resultaba tan patente que así lo describió el propio director de Faro de Vigo, a la sazón José Francisco Armesto Faginas.

Mi primer impulso, como responsable de realizar la información, fue la de contrastar su autenticidad, porque no me encajaba que un sindicato con la dura tarea de ser aceptado por los trabajadores por delante se pudiera permitir una acusación tan indemostrable que echaría por tierra cualquier recurso a la “exceptio veritatis” que la justificaría. En CC.OO. me negaron la autoría orgánica del comunicado, aunque el papel llevaba impreso el sello de la sección sindical que parecía haberlo emitido. No obstante, dirigentes sindicales coincidieron en citar el clima de extrema tensión que se había alcanzado en la dialéctica sindical en la fábrica, sin excluir la consideración de cierta responsabilidad de la dirección de al empresa en la creación de aquel tenso clima. Con esas matizaciones y la sensación de haber llevado el tema por el camino adecuado, me fui a casa, cené, me acosté y a la mañana siguiente me fui a la redacción.

Cuál no sería mi sorpresa cuando en las páginas de Faro me encuentro la nota apócrifa reproducida e ilustrada con una “nota de la Dirección” justificativa. La nota adjunta a la información comenzaba por calificar de calumniosa la imputación de la sección sindical y, justificando su publicación por “respeto a la libertad de expresión”, marcaba distancias con la intención presuntamente impulsora de aquella desmedida acusación.

Me quedé de piedra ante la osadía editorial, porque si aquel panfleto era calumnioso, y perseguible judicialmente su presunto autor (como así fue), el periódico se habría colocado en el papel de difusor de una calumnia, circunstancia que, razonablemente, habría de situar al rotativo en parecida tesitura.

Les ahorraré los pormenores del relato y les diré que todo quedó en una condena judicial a Raimundo Vidal, que sirvió para que pudiera ser despedido de la empresa ya que la gravedad de la acción juzgada dejaba sin efecto las garantías sindicales que lo amparaban. Pero la condena alcanzó también al redactor de la sección local de Faro, al que el juez consideró responsable de la difusión del comunicado, mientras dejaba impune la evidente decisión (firmada) del responsable editorial del periódico para que el libelo pudiera ocupar un espacio en las páginas del diario.

Sea como fuere, sigo sin comprender qué es lo que permitió al juez condenar a quien recibió el comunicado en su mesa de redacción y eximir de responsabilidad a quien decidió que aquella calumnia fuese reproducida, aunque se hubiese lavado las manos invocando la libertad de expresión. Y también fue el caso que, sin que nadie lo reconociese como el autor del calumnioso comunicado, ni como su portador, Raimundo Vidal fue condenado.

Aquellas batallas sindicales han dado paso, afortunadamente, a un tipo de relaciones laborales mucho más tolerables, aunque creo que de todo ello fue la Administración de Justicia la que debería haber sufrido el mayor descrédito.

Pero, naturalmente, esta es opinión que someto a cualquier otra mejor fundada.