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Artículos de Antonio Ojea publicados entre 15/09/2008 y 01/01/2012

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LA GUINDA

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RECURRIDORES Y ASOCIADOS, S.L

RECURRIDORES Y ASOCIADOS, S.L

Cuando en 1995 se daba carpetazo a la comisión que pretendía investigar lo que se conoció como “mafia urbanística” en Vigo, sin más resultados que las sospechas de una trama que hundía sus raíces en el mismísimo Concello, quedaron en el aire muchas preguntas. Pero el tiempo, al menos en el imaginario popular, ha venido dando respuestas.

Cualquiera se puede preguntar qué es lo que impulsa a algunos particulares, sin interés directo en el tema, a presentar centenares de denuncias contra decisiones municipales relacionadas con el urbanismo. Sin entrar en interpretaciones conspirativas resulta casi imposible responder atinadamente a la pregunta. Porque, buscando por aquí y por allá, se encuentran relaciones entre quienes parecen haber hecho una profesión, muy lucrativa como veremos, de instar actuaciones judiciales en materia urbanística.

Desde hace años, dos personajes vigueses han saltado a las páginas de los periódicos como habituales y pertinaces “recurridores”: Eduardo Canabal y Eulogio Abeleira  acumulan varios centenares de recursos contra actuaciones urbanísticas por toda la provincia de Pontevedra, en especial en Vigo y los municipios del Baixo Miño, donde parece centrarse últimamente la actuación inmisericorde de la piqueta. Baste decir que sólo en A Guarda, Abeleira tiene presentadas entre 600 y 800 denuncias por infracciones urbanísticas, además de las actuaciones abiertas en los concellos de Oia, O Rosal, Baiona y Nigrán.

Y, puede que sea casualidad, pero es en esta zona donde se ha instalado el ojo del huracán, con planeamientos urbanísticos sub iudice, mociones de censura involucionistas, desaires judiciales a diestro y siniestro, asesorías urbanísticas que actúan simultáneamente en direcciones opuestas y sospechosas ofertas de asesoramiento precedidas de denuncias exitosas sobre un mismo asunto.

Todo parece indicar que aquella presunta “mafia urbanística” se encuentra en un nuevo escalón de su ascenso estratégico. En no pocos asuntos coinciden los dos “recurridores” citados, y ya han sonado sus nombres, o los de un abogado, José Martínez Torea, como posibles “asesores” urbanísticos de concellos como Gondomar, Nigrán o A Guarda. Los tentáculos de esta sospechosa alianza de particulares unidos por su “amor a la legalidad urbanística” llegaron hasta Cangas do Morrazo, aprovechando, supongo yo, el despiste del concejal Mariano Abalo, quien llegó a proponer a Eduardo Canabal como asesor jurídico del Ayuntamiento. Y no deja de ser curioso que se dé la circunstancia de que quien se dedica a recurrir decisiones municipales relacionadas con el urbanismo se postule, a continuación, como asesor municipal en esa materia. La sospecha de que esta nueva profesión tiene ramificaciones dentro de los ayuntamientos podría tener que ver con que personas como José Martínez Torea haya sido concejal en Vigo, o que Canabal o Abeleira “asesoren” a concejales y concejalías en más de un ayuntamiento del Baixo Miño, sin perjuicio de los indicios que la citada comisión viguesa encontró en actuaciones de algunos funcionarios de Vigo.

Como en Chicago

El salto cualitativo pudiera ser algo similar a lo que Al Capone hacía en el Chicago de los años 20: protección. El sistema, como todo el mundo sabe, consistía ofrecer protección contra el propio protector. El asaltado acababa pagando la “protección” que le garantizaba quien le había asaltado. O sea, tú me contratas a mí y yo no recurro contra ti y, además, te blindo contra outsiders con mi contrastada experiencia en el tema

Pero, entre tanto, el negocio de recurrir acaba por producir beneficios económicos directos. Porque, bien dirigidos, los recursos suelen centrarse en actuaciones urbanísticas que, al final, no terminan en el cumplimiento estricto de la sentencia de derribo (sólo caen las casas de los menos pudientes). Y es a partir de ese momento cuando se revela el fin próximo de la pretendidamente altruista denuncia: el denunciante tiene derecho a percibir el 1% del valor de la actuación que acaba eludiendo la sentencia de derribo, como compensación por los gastos producidos por el proceso.

Ahora no tenemos más que imaginar los réditos que habrán producido (ignoro si se han formalizado las indemnizaciones) sentencias de derribo no ejecutadas como las Torres Ifer, Rosalía de Castro, Jacinto Benavente, la Pastora, Finca do Conde, Colina de Castrelos, etc. para que podamos situar el escenario de esta nueva profesión cuya empresa de bandera podríamos llamar “Recurridores y Asociados, S.L.”.

Lo curioso del asunto es que en los ámbitos de la judicatura se ha instalado también la sospecha, como pone de manifiesto que la fiscalía haya puesto, negro sobre blanco, su perplejidad por encontrarse continuamente con los mismos “ciudadanos preocupados por la legalidad”, cuya insolvencia económica pretende ponerlos al margen de sospechas de intención lucrativa en su recurrente actividad. Según la Fiscalía de Pontevedra se trata de una nueva figura: “pleitista urbanístico”. El propio fiscal, precisa: “Suele tratarse de personas informadas y con conocimientos técnicos en materia urbanística que interponen denuncias en el ámbito de competencia de esta Fiscalía con gran reiteración”. Y, por si las moscas, añade: “deseamos expresar las dudas que nos ofrece la intencionalidad de sus autores y la finalidad perseguida con la actividad”.

Pero, por lo visto, no encuentran por donde entrarle al morlaco.

Sinceramente, díganme ustedes a qué huele esto; porque oler, huele.

Ver: La comisión sobre la trama de extorsiones en Vigo 

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